- Después del pronunciamiento de la Comisión de Expertos Independientes en referencia al caso de La Vila, la Dirección Nacional del Partido Popular no tiene otra opción que expulsar inmediatamente de sus filas a estos concejales.
El dictamen expresa que la situación de transfuguismo debe referirse a la totalidad de los miembros del ayuntamiento que se han visto beneficiados por la conducta del concejal Pérez Melero; es decir el alcalde y el resto de concejales del PP, ya que su acceso al Gobierno Municipal se debe a la deslealtad de un concejal hacia sus compañeros de lista y de grupo, pactando con otras fuerzas para cambiar la mayoría gobernante es decir, a una conducta claramente contraria al Pacto.
El dictamen expresa claramente que los concejales del Partido Popular se han beneficiado de un concejal perteneciente a otra formación política para acceder al gobierno. Con su apoyo a la moción de censura, el edil presentado por II ayudó a materializar una alternancia de gobierno que, de no ser por su concurso, no se hubiera producido ni se hubiera mantenido. Afirmar lo contrario significaría tolerar que el acceso al gobierno municipal de una fuerza política firmante de tal pacto podría apoyarse en el voto de un concejal que ha traicionado la lealtad debida a sus compañeros debida a sus compañeros de lista electoral y de grupo municipal, como ha sucedido en el caso de La Vila, por lo que aunque Melero formalmente no se le pueda declarar tránsfuga, es objetivamente un tránsfuga pues de él se ha servido el PP para cambiar el gobierno municipal.
La existencia de un voto particular en el dictamen nos aclara que el Sr. Melero es un traásfuga que en palabras del ponente: “Debe de considerarse como tránsfuga al citado edil, por cuanto con su conducta en el seno del consistorio provocó con su deslealtad a los demás miembros de su lista electoral (al otro que obtuvo representación y a los siguientes no electos), un cambio del gobierno municipal de forma incorrecta desde el punto de vista político. No debe obviarse que el Pacto Contra el Transfuguismo tiene precisamente como objetivo evitar conductas como la descrita dentro de la lealtad política conectada directamente con respecro a la voluntad popular”. “Los partidos políticos firmantes del acuerdo no han de tolerar tales conductas y son dichas fuerzas las que, en virtud del pacto, se comprometen entre otras medidas disuasorias, a excluir de sus listas y no admitir a quien a incurrido en transfuguismo, independientemente de la formación política sea o no tal formación política firmante o no del acuerdo”
Para el Secretario General del PSPV-PSOE y miembro del Comité Nacional del PSPV-PSOE, Gaspar Lloret Valenzuela, el dictamen es suficientemente claro y no cabe ninguna interpretación que no lleve a que los concejales del Partido Popular deben de ser expulsados con urgencia de dicha formación política, ya que su formación política firmó un pacto y su cumplimiento tácito indica claramente cual es el proceder que tienen que realizar las formaciones políticas firmantes del pacto.
En conclusión, los once concejales que participaron en la moción de censura, son equitativamente responsables del incumplimiento del pacto antitransfuguismo, por lo que todos son tránsfugas y si tuvieran vergüenza presentarían su dimisión inmediatamente.
El dictamen expresa que la situación de transfuguismo debe referirse a la totalidad de los miembros del ayuntamiento que se han visto beneficiados por la conducta del concejal Pérez Melero; es decir el alcalde y el resto de concejales del PP, ya que su acceso al Gobierno Municipal se debe a la deslealtad de un concejal hacia sus compañeros de lista y de grupo, pactando con otras fuerzas para cambiar la mayoría gobernante es decir, a una conducta claramente contraria al Pacto.
El dictamen expresa claramente que los concejales del Partido Popular se han beneficiado de un concejal perteneciente a otra formación política para acceder al gobierno. Con su apoyo a la moción de censura, el edil presentado por II ayudó a materializar una alternancia de gobierno que, de no ser por su concurso, no se hubiera producido ni se hubiera mantenido. Afirmar lo contrario significaría tolerar que el acceso al gobierno municipal de una fuerza política firmante de tal pacto podría apoyarse en el voto de un concejal que ha traicionado la lealtad debida a sus compañeros debida a sus compañeros de lista electoral y de grupo municipal, como ha sucedido en el caso de La Vila, por lo que aunque Melero formalmente no se le pueda declarar tránsfuga, es objetivamente un tránsfuga pues de él se ha servido el PP para cambiar el gobierno municipal.
La existencia de un voto particular en el dictamen nos aclara que el Sr. Melero es un traásfuga que en palabras del ponente: “Debe de considerarse como tránsfuga al citado edil, por cuanto con su conducta en el seno del consistorio provocó con su deslealtad a los demás miembros de su lista electoral (al otro que obtuvo representación y a los siguientes no electos), un cambio del gobierno municipal de forma incorrecta desde el punto de vista político. No debe obviarse que el Pacto Contra el Transfuguismo tiene precisamente como objetivo evitar conductas como la descrita dentro de la lealtad política conectada directamente con respecro a la voluntad popular”. “Los partidos políticos firmantes del acuerdo no han de tolerar tales conductas y son dichas fuerzas las que, en virtud del pacto, se comprometen entre otras medidas disuasorias, a excluir de sus listas y no admitir a quien a incurrido en transfuguismo, independientemente de la formación política sea o no tal formación política firmante o no del acuerdo”
Para el Secretario General del PSPV-PSOE y miembro del Comité Nacional del PSPV-PSOE, Gaspar Lloret Valenzuela, el dictamen es suficientemente claro y no cabe ninguna interpretación que no lleve a que los concejales del Partido Popular deben de ser expulsados con urgencia de dicha formación política, ya que su formación política firmó un pacto y su cumplimiento tácito indica claramente cual es el proceder que tienen que realizar las formaciones políticas firmantes del pacto.
En conclusión, los once concejales que participaron en la moción de censura, son equitativamente responsables del incumplimiento del pacto antitransfuguismo, por lo que todos son tránsfugas y si tuvieran vergüenza presentarían su dimisión inmediatamente.
