La subvención de 370.764 € que ha concedido el Ministerio de Cultura para la “intervención en las murallas renacentistas con sus baluartes de la Costera de la Mar” de La Vila Joiosa corre el peligro de perderse por la incorrecta tramitación del expediente administrativo y por la “ineptitud” del alcalde vilero, según ha denunciado el Grupo Municipal Socialista.
En diciembre de 2008 se firmó el convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de La Vila Joiosa para la financiación de las obras. Según este convenio, el ayuntamiento vilero se comprometía a adjudicar las obras en un plazo de tres meses, debiendo estar justificada la subvención recibida en un plazo de 15 meses. Así mismo, “será causa de resolución de este Convenio el incumplimiento de las cláusulas contenidas en el mismo” y si el causante de la resolución fuera el ayuntamiento éste “devolverá el importe recibido”.
En enero de 2010 el Ministerio de Fomento ponía en entredicho a los servicios jurídicos del ayuntamiento, puesto que primero “deciden iniciar un expediente de expropiación” de las propiedades afectadas, después adoptan “iniciar, en vez de un expediente de expropiación, un procedimiento de restitución de la legalidad vigente” y, finalmente, “nos dicen que sus servicios jurídicos, que estaban examinando aún el tema, creen que no es necesario un procedimiento de restitución de la legalidad urbanística de las casas anexas a la muralla, sino de expropiación como ya habían declarado en un principio”.
Pero no sólo eso, incluso la Direcció General de Cohesión Territorial de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania desestimó en julio de 2010 la solicitud de “declaración de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por expediente de expropiación forzosa” porque la petición se encuentra “insuficientemente justificada”, instando a iniciar un procedimiento de expropiación ordinario.
Y, por otra parte, después de dos prórrogas concedidas, el Ministerio de Fomento “se reitera en su posición y entiende que debería procederse a la resolución del convenio de mutuo acuerdo ya que el Ayuntamiento no tiene pleno dominio sobre los bienes necesarios para la realización de la obra y dicho procedimiento se está demorando mucho más de lo previsto, con lo que se incumplirían las cláusulas del convenio y sería mucho más gravoso tener que iniciar un procedimiento de reintegro que la opción propuesta”. El Ministerio, eso sí, deja la puerta abierta en un futuro a una nueva petición de la subvención “cuando el Ayuntamiento ya tuviese el dominio sobre dichos bienes”.
Gaspar Lloret ha criticado muy duramente al alcalde porque “ha demostrado una desidia lamentable en todos estos meses que pueden suponer la pérdida de 370.000 €. A la ineficacia de la gestión política hay que añadir la ineptitud de los asesores jurídicos del alcalde, cuyo trabajo ha sido puesto en duda tanto por el Ministerio como por la Conselleria. Esto, evidentemente, es consecuencia de la debilidad política del alcalde”.
En diciembre de 2008 se firmó el convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de La Vila Joiosa para la financiación de las obras. Según este convenio, el ayuntamiento vilero se comprometía a adjudicar las obras en un plazo de tres meses, debiendo estar justificada la subvención recibida en un plazo de 15 meses. Así mismo, “será causa de resolución de este Convenio el incumplimiento de las cláusulas contenidas en el mismo” y si el causante de la resolución fuera el ayuntamiento éste “devolverá el importe recibido”.
En enero de 2010 el Ministerio de Fomento ponía en entredicho a los servicios jurídicos del ayuntamiento, puesto que primero “deciden iniciar un expediente de expropiación” de las propiedades afectadas, después adoptan “iniciar, en vez de un expediente de expropiación, un procedimiento de restitución de la legalidad vigente” y, finalmente, “nos dicen que sus servicios jurídicos, que estaban examinando aún el tema, creen que no es necesario un procedimiento de restitución de la legalidad urbanística de las casas anexas a la muralla, sino de expropiación como ya habían declarado en un principio”.
Pero no sólo eso, incluso la Direcció General de Cohesión Territorial de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania desestimó en julio de 2010 la solicitud de “declaración de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por expediente de expropiación forzosa” porque la petición se encuentra “insuficientemente justificada”, instando a iniciar un procedimiento de expropiación ordinario.
Y, por otra parte, después de dos prórrogas concedidas, el Ministerio de Fomento “se reitera en su posición y entiende que debería procederse a la resolución del convenio de mutuo acuerdo ya que el Ayuntamiento no tiene pleno dominio sobre los bienes necesarios para la realización de la obra y dicho procedimiento se está demorando mucho más de lo previsto, con lo que se incumplirían las cláusulas del convenio y sería mucho más gravoso tener que iniciar un procedimiento de reintegro que la opción propuesta”. El Ministerio, eso sí, deja la puerta abierta en un futuro a una nueva petición de la subvención “cuando el Ayuntamiento ya tuviese el dominio sobre dichos bienes”.
Gaspar Lloret ha criticado muy duramente al alcalde porque “ha demostrado una desidia lamentable en todos estos meses que pueden suponer la pérdida de 370.000 €. A la ineficacia de la gestión política hay que añadir la ineptitud de los asesores jurídicos del alcalde, cuyo trabajo ha sido puesto en duda tanto por el Ministerio como por la Conselleria. Esto, evidentemente, es consecuencia de la debilidad política del alcalde”.
