lunes, 19 de enero de 2009

EL PSPV-PSOE EXIGE EL NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO DE CARRERA DEL ÚNICO OPOSITOR QUE SUPERÓ LAS PRUEBAS DE TÉCNICO DE JUVENTUD

Josep Llorca: “Si el alcalde no quiere incorrer en un presunto delito de prevaricación, debe nombrar inmediatamente funcionario de carrera al único opositor que ha superado todas las pruebas y que ha demostrado que sí posee la titulación requerida”.

13 de enero de 2009.- El concejal del PSPV-PSOE Josep Llorca ha exigido al alcalde de La Vila Joiosa que proceda al nombramiento como funcionario de carrera a la única persona que ha superado todas las pruebas de la oposición de Técnico de Juventud y que ha demostrado ser el único aspirante suficientemente preparado para desarrollar dichas funciones: el señor Francisco Miguel Bermúdez Pérez. Para los socialistas es inaudito que se pretenda mantener como Técnico de Juventud a una persona con muchas limitaciones y cuyo único mérito es ser simpatizante del PP y amigo del exconcejal de Juventud, Isidro Cantó.

El pasado mes de octubre el PP, a través de Jerónimo Lloret, acusó al opositor que superó las pruebas selectivas de no posseer el título requerido y de falsificación de documento público, obviando la presunción de inocencia, al mismo tiempo que anunció el inicio de acciones legales. Cuando el PP accedió a la alcaldía en noviembre gracias al concejal tránsfuga Pérez Melero, el alcalde firmó un decreto mediante el cual se notificaba a Bermúdez Pérez que la oposición de Técnico de Juventud quedaba desierta y que, por tanto, no se procedería a su nombramiento como funcionario.

Sin embargo, según un informe del Departamento de Personal, la documentación requerida sí “fue presentada en plazo por el aspirante propuesto por el Tribunal”. Como quiera que, a raíz de la titulación presentada por el aspirante, “surgieron dudas sobre la equivalencia” con el título de Bachiller o FP2, “se requirió al interesado para que aportase dicha equivalencia reconocida por el organismo oficial competente”. Dentro del plazo de presentación de documentos, el aspirante aportó copia de la instancia presentada al Ministerio de Educación y Ciencia para su equivalencia. Además, por parte de la Concejalía de Personal se consideró procedente, al no existir urgencia en la cobertura definitiva del puesto, “no fijar la fecha de nombramiento en tanto la autoridad académica competente declare la equivalencia” de la documentación presentada y que “en caso de que dicha autoridad no declare la equivalencia en el plazo máximo establecido o deniegue la equivalencia de titulación, debería procederse declarando desierta la plaza”. Así, conforme al artículo 9 del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana, se decidió que “el nombramiento como funcionario de carrera habrá de realizarse en el plazo máximo de seis meses, desde la finalización de proceso selectivo”.

El pasado mes de diciembre el aspirante Bermúdez Pérez recibió la confirmación del Ministerio de Educación y Ciencia de la equivalencia de su titulación y que estaba regulada por la Ley. Concretamente, la Subdirectora General de Orientación y Formación Profesional afirmaba que “esta equivalencia no supone la expedición ni el canje por la titulación equivalente. Al estar regulada por una norma de carácter general, no es necesaria la expedición de ninguna certificación para hacerla efectiva”. Y el 30 de diciembre pasado Bermúdez Pérez presentó recurso de reposición contra el decreto de alcaldía que declaraba desierta la oposición y solicitó su nombramiento como funcionario de carrera.
El concejal socialista ha declarado que “me produjo vergüenza cómo el PP maltrató e injurió a un trabajador sin darle la oportunidad de la réplica y sin concederle la presunción de inocencia. Ahora que lo es, ¿qué tienen que decir Jerónimo Lloret y el alcalde?”. Josep Llorca ha lamentado la doble vara de medir del PP, puesto que sus dirigentes “no actuaron así con otros farsantes e impostores condenados. Es más, casi dos años después del escándalo aún lo disculpan y justifican”. El concejal del PSPV-PSOE ha aconsejado al alcalde que acepte el recurso de reposición porque “de lo contrario, estaría rozando el delito de prevaricación y los socialistas no nos quedaremos con los brazos cruzados, puesto que tenemos la obligación de cumplir y hacer cumplir la legalidad”.